Consideran que la aprobación de la Ley es la condición para superar definitivamente situaciones discriminatorias que aún sufren quienes "habiéndose esforzado para conseguir un régimen democrático" fueron injustamente perseguidos y sancionados, incluso hasta perder la vida y que no serán reparados y rehabilitados hasta que no se adopten las “medidas legales” anunciadas en 2004.